En México, la supervisión del sistema financiero está distribuida entre varias autoridades: Banco de México administra la política monetaria y la infraestructura de pagos; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisa bancos, casas de bolsa y otras entidades sujetas a regulación prudencial; la Secretaría de Hacienda establece normas y políticas macrofinancieras. Esta estructura busca mantener la estabilidad financiera, proteger a los usuarios y asegurar el cumplimiento de normas de transparencia y capital.

Los requerimientos prudenciales en México incluyen niveles mínimos de capital, límites de concentración y provisiones para pérdidas crediticias que las entidades deben reportar periódicamente a la CNBV. Banco de México opera sistemas de liquidación que reducen el riesgo sistémico en pagos interbancarios. Asimismo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) administra mecanismos de protección de depósitos y procedimientos de resolución cuando corresponda.
La supervisión suele apoyarse en reportes regulares, inspecciones y pruebas de estrés que evalúan la resiliencia del sistema ante shocks. En años recientes, las autoridades mexicanas han promovido mayor transparencia en comisiones y contratos, y han fomentado estándares internacionales de supervisión. Estas prácticas buscan mitigar riesgos y facilitar la confianza en el sistema entre depositantes e inversionistas.
Como consideración práctica para analistas y responsables de cumplimiento, convivir con múltiples autoridades exige coordinación en reportes y alineación normativa. La comprensión de los distintos requisitos y plazos regulatorios en México suele ser un elemento relevante para la gestión operativa de bancos y otras instituciones supervisadas.